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Veredicto final del Tribunal Popular Permanente sobre Turquía y el pueblo kurdo


Los días 15 y 16 de marzo se celebró en París en la Bourse du Travail el juicio popular sobre las violaciones del derecho internacional y derechos humanos por parte de la República de Turquía. El 24 de mayo el Tribunal emitió su veredicto tras celebrarse una sesión en el Parlamento Europeo. A la luz de la evidencia de las pruebas y teniendo en cuenta todos los informes periciales presentados, discutidos durante la audiencia, el Tribunal Popular Permanente declara al Estado Turco responsable de negar a los kurdos el derecho a la autodeterminación, “imponiendo la identidad turca, negar la identidad kurda y su presencia en el país, obstaculizando y reprimiendo con violencia su participación en la vida política, económica, y cultural, interpretada como una amenaza a la autoridad del Estado Turco”.

Transcribimos la deliberación final y las recomendaciones:

A la vista de la clara evidencia presentada durante la audiencia y considerando los informes técnicos periciales, analizados y discutidos, sobre la base del consenso existente sobre los principios y doctrina universal aplicable al derecho internacional relacionado con las cuestiones abordadas en esta sesión, el Jurado del Tribunal Popular Permanente ha adoptado por unanimidad las siguientes decisiones:

  1. Reconocer al Estado Turco como responsable de la denegación del derecho del pueblo kurdo a la autodeterminación, la imposición de la identidad turca, la exclusión de la identidad y presencia del pueblo kurdo y la represión que obstaculiza y niega la participación en la vida política, económica y cultural del país, interpretado como una amenaza a la autoridad del Estado turco.
  2. Basándonos en la evidencia detallada, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2017, el Estado turco cometió:
    • Crímenes de guerra en las ciudades del Kurdistán Sudeste de Anatolia, incluidas las masacres y el desplazamiento permanente de ciudadanos kurdos, los que revela aún más la intención de eliminar físicamente a parte del pueblo kurdo.
    • Delitos de Estado, que incluyen asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, cometidos por diferentes ramas de las fuerzas de seguridad del Estado y los servicios secretos en Turquía, y en el extranjero, concretamente en Francia. La ausencia de investigaciones serias sobre la responsabilidad subyacente de las autoridades turcas es coherente con una política organizada de impunidad respaldada por el Estado.
  3. El Presidente del Estado de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, es responsable directo por los crímenes de guerra y los crímenes de estado cometidos en las ciudades del sudeste de Anatolia. Además con sus reiteradas calificaciones e indiscriminadas al referirse a los kurdos que viven en las zonas de conflicto, así como a sus representantes políticos,  como “terroristas”, el presidente turco ha incitado y legitimado la violencia desproporcionada e indiscriminada de las operaciones contra los combatientes kurdos y la población civil.

El general Adem Huduti, jefe del Segundo ejército de Turquía también es reponsable directo por los crímenes mencionados, como el principal arquitecto de las operaciones combinadas entre ejército, policía y milicias armadas. El uso desproporcionado de la fuerza causó graves pérdidas humanas entre ciudadanos civiles, no involucrados en las operaciones militares, así como la destrucción deliberada y masiva de lugares históricos y religiosos, además de infraestructuras civiles.

RECOMENDACIÓN
El Tribunal Popular Permanente fue convocado para evaluar los acontecimientos cometidos entre el 1 de junio del 2015 y el 31 de enero de 2017, en un gran número de ciudades del sudeste de Anatolia, en su mayoría de población kurda, así como otros crímenes cometidos en Turquía y en el extranjero, a partir del año 2003, cuando Recep Tayyip Erdogan asumió su cargo de Primer Ministro. El Tribunal no pudo ocuparse de los acontecimientos posteriores, en particular, de la ofensiva lanzada en enero de 2018 por las fuerzas armadas turcas contra el enclave de Afrin en Siria y la región kurda de Rojava. A la luz de estos nuevos acontecimientos y de los que tuvieron lugar durante la sesión celebrada en París los días 15 y 16 de marzo de 2018, el Tribunal formuló las siguientes recomendaciones:

  1. Turquía debe poner fin de inmediato a todas las operaciones militares llevadas a cabo por su ejército en Siria y debe replegar sus tropas a su territorio nacional.
    La ofensiva turca, lanzada contra el enclave de Afrin y otras áreas de Siria donde hay una población mayoritariamente kurda, es una clara violación del derecho internacional, que contradice el principio de no uso de la fuerza consagrado en el artículo 2, párrafo 4, del Carta de las Naciones Unidas y constituye un crimen de agresión, de conformidad con el Artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
    Los hechos muestran que las operaciones militares contra ciudades o regiones densamente pobladas equivalen a crímenes de guerra, de conformidad con el art. 8, párrafo 2, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como asesinatos, torturas, destrucción masiva de propiedades no justificadas por operaciones militares, deportación o transferencia forzosa de poblaciones. Por lo tanto, estos hechos constituyen violaciones graves de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, especialmente del art. 147 de la IV Convención, a la que está obligado Turquía.

  2. Turquía está obligada a investigar y castigar a los responsables por crímenes de guerra, comprobados por el Tribunal Popular Permanente, cometidos en el sudeste de Anatolia durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de enero de 2017.
    Esto sobre la base de la obligación convencional referida a la regla en común de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (artículo 49 del I, artículo 50 del II, artículo 129 del III y artículo 146 del IV), que establece que: “Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer,  cualesquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ella cargos suficientes.”. .
    Esta obligación fue reiterada por el artículo 85 del Primer Protocolo Adicional adoptado en Ginebra el 8 de enero de 1977 y se extiende también al caso de los conflictos armados no internacionales, como se prevé en el II Protocolo Adicional.
    El Tribunal Popular Permanente es consciente de que la determinación de los crímenes y el castigo de sus perpetradores nunca será posible a menos que se restauren los mecanismos y garantías del estado de derecho, ante todo la independencia del poder judicial y la libertad de información. En Turquía, después del fallido golpe de julio de 2016, 4.279 magistrados (jueces y fiscales) fueron destituidos, 3.000 de ellos se encuentran en prisión preventiva, se cerraron cientos de medios (radio, periódicos, sitios web) y actualmente 150 periodistas están detenidos. mientras miles de maestros han sido removidos de sus puestos en universidades y todos los niveles en las escuelas.

Estos acontecimientos impiden el ejercicio del control legal contra los abusos cometidos por agentes del gobierno, que solo pueden implementarse si se garantiza la independencia del poder judicial y si se garantiza un medio de comunicación libre e independiente que ejerza influencia sobre la opinión pública.
Por lo tanto, el PPT, apoyando la declaración de la Plataforma para un Poder Judicial independiente en Turquía, considera que:

  1. Turquía debe restablecer el estado de derecho, liberar a los magistrados y periodistas detenidos, restaurar los derechos de los docentes y magistrados (jueces y fiscales) que fueron expulsados desde julio de 2016, restaurar la libertad de prensa e información, poner fin al estado de emergencia y implementar plenamente la Convención Europea de Derechos Humanos.

Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad determinados por la Corte se derivan de la negativa del Estado de Turquía a reconocer el derecho del pueblo kurdo a la autodeterminación, lo que llevó a Turquía a prohibir el uso del idioma kurdo en la vida pública durante años, a perseguir a partidos políticos kurdos y a sus líderes, para frenar a los medios kurdos, encarcelar a políticos y periodistas kurdos. Esta escala de medidas discriminatorias llevó a la aparición de diversas formas de resistencia, incluidas las acciones de la guerrilla llevadas a cabo por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK.

Las ofensivas militares lanzadas en el sudeste de Anatolia y extendidas a las regiones kurdas al otro lado de la frontera, son justificadas por el gobierno turco con el pretexto de que está reprimiendo el terrorismo y protegiendo la integridad territorial y política nacional. Sin embargo, la seguridad del Estado no puede garantizarse negando la identidad de un pueblo, destinado a vivir con personas turcas dentro de las fronteras dadas. Por el contrario, es solo mediante el reconocimiento de la identidad del pueblo kurdo que es posible terminar el conflicto y un largo período de sufrimiento para ambas partes.
Finalizar con el conflicto es la única forma de garantizar la seguridad. Cabe señalar que el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo no implica ninguna forma de secesión porque los principios de la inviolabilidad de la frontera y el respeto de la integridad territorial de cada Estado no pueden cuestionarse, como afirma el Acta final de Helsinki de 1975. Por lo tanto, el reconocimiento de la identidad y dignidad del pueblo kurdo y su derecho a vivir en paz con otras personas que viven en el territorio del estado turco es la clave para garantizar la seguridad, libertad, paz y justicia para todos los ciudadanos de Turquía. Como resultado, el PPT considera que:

  1. Antes de la proclamación inmediata de toda la tregua de la actividad militar, Turquía debe reanudar las negociaciones de buena fe para una solución pacífica al conflicto -interrumpida el 30 de octubre de 2014- y completarlas dentro de un marco de tiempo razonable.

Durante las negociaciones, se deben tomar medidas para aliviar el clima de hostilidad entre las partes, en particular la liberación de los presos, la reapertura de periódicos y otros medios, la restauración de los representantes locales retirados de sus puestos. No corresponde al PPT indicar soluciones específicas que permitan que el derecho del pueblo kurdo a la autodeterminación se otorgue a las necesidades de la convivencia y la buena administración dentro del estado turco.

Información completa en:

PPT_-JUDGMENT_TURKEY_KURDS_-EN

 

 

 

 

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