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TURQUÍA: PSEUDO-DEMOCRACIA Y CONTRA-REVOLUCIÓN TRAS EL 15J

La policía turca ejerciendo la represión dictada por el presidente Erdogan en diversas universidades del país [Foto: Barish Tugrul]

Autor: Baris Tugrul

Fuente: http://www.unitedexplanations.org/2017/03/08/turquia-pseudemocracia-revolucion-tras-15-j/

Desde la perspectiva de Occidente, a pesar de las críticas y miradas sospechosas por parte de algunos intelectuales, a Turquía siempre se le ha concedido un papel irrevocable, presentándola como el único país donde el Islam moderado y la democracia liberal al estilo occidental han podido coexistir más o menos con una buena harmonía. Refiriéndose a su postura geopolítica y, a su vez, a las innegables transformaciones modernizadoras, conseguidas a través de la revolución republicana de la década de 1920 protagonizada por el padre fundador de la misma, Mustafa Kemal Atatürk, el país ha sido definido como un puente de conexión entre Europa y Asia, en términos geográficos, y entre Occidente y Oriente, en términos de la cultura política. El sueño kemalista que tan bien sonaba para algunos, sin embargo, no iba a tardar en chocar contra los muros de la realidad social heredada por la tradición otomana que había creado unas estructuras sólidas cultivadas a lo largo de seis siglos.

Así ha sido la relativamente corta e intensa historia contemporánea de la joven República de Turquía que, con una mirada alternativa, no sería incorrecto afirmar que ha sido, al mismo tiempo, una historia de grandes rebeliones, masacres e intervenciones militares como cultura política. Algo que lanzó una desafortunada tradición de golpes de Estado en 1960, 1970, 1980, el llamado golpe postmodernista de 1997 y finalmente el golpe fallido del 15 de julio de 2016, supuestamente encabezado y orquestado por el influyente clero autoexiliado en EE.UU., Fetulá Gülen. Cada una de estas intervenciones, cuyos responsables nunca han rendido cuentas ante la justicia (cuestionable concepto cuya existencia levanta innegables dudas en el contexto turco) ha ido seguida de excusas para justificar tanto la ruptura antidemocrática como las posteriores atrocidades cometidas por los mismos actores impunes.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan [Foto vía WikimediaCommons].

Requeriría un largo y complejo debate llegar a hacer un análisis profundo de cada uno de estos golpes, sus motivos oficiales, y oficialmente justificados, y los motivos que nunca han tenido un lugar en la historia oficial. No obstante, cada uno de estos golpes tiene en común unas consecuencias que, a pesar de que las víctimas varíen dependiendo de cada época, siempre acaban con el trabajo, sudor y sacrificio hechos para poder convertir esta pseudodemocracia en una democracia mínimamente funcional y estable. Sería lo más deseado que las políticas puestas en marcha tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio (15-J) fuesen una excepción, sirviesen para reformar profundamente las instituciones y los aparatos del Estado y no se hubiesen convertido en una ola de revanchismo igual que en las ocasiones anteriores. No ha sido así; hasta el momento el concepto de democracia en Turquía sigue siendo, cada vez más, un concepto abstracto al que sólo suele referirse en los textos académicos y en los discursos más populistas adoptados por los mismos que acaban con el propio sentido democrático.

15 de julio: lealtades cambiantes entre la alianza y la traición

El intento de golpe del 15 de julio de 2016, cuyos motivos y actores directamente involucrados todavía se desconocen más allá de especulaciones, provocó mucho miedo y preocupación entre todos los sectores en los pueblos de Turquía. Se veía con total claridad la involucración de cientos de oficiales de alto rango del ejército turco, sobre todo de las fuerzas aéreas, que llegaron a bombardear el Parlamento del país. Se habla de una posible infiltración masiva del movimiento gülenista Hizmet (cuya traducción al castellano es “el Servicio”) en los aparatos más críticos del Estado: ejército, policía, justicia, e incluso la propia burocracia estatal incluyendo el propio Parlamento, el gobierno y el mismo gabinete ejecutivo. No se trataba de ningún secreto; fue el propio Bekir Bozdağ, el actual Ministro de Justicia, quien, hablando de la supuesta cabeza golpista, afirmó hace tan sólo seis años (2011) que:

“Fetulá Gülen es un valor meritorio criado por este país, ¡os guste o no! Pero es un valioso personaje, un sabio que aporta su servicio para criar generaciones fieles a los valores nacionales y morales de este país. Y lo tiene todo transparente, bajo el control y observación del Estado […]. Sería una gran injusticia acusarle de tener ‘una banda’, ya que él mismo no está presente aquí.”

Sólo 5 años después, el mismo Bekir Bozdağ iba a realizar una visita oficial urgente a EE.UU. con pruebas muy evidentes y concretas para pedir la extradición del mismo Gülen a quien califica esta vez de “Osama bin Laden de Turquía”. Así que, según la versión oficial del gobierno, el Osama bin Laden turco había organizado un golpe de Estado sanguinario a pesar del estricto control del Estado; es decir, bajo su propio control, ya que las infiltraciones de Gülen ya estaban presentes en los altos cargos de la policía y justicia turcas. Los mensajes post-electorales de Erdoğan enviados al “otro lado del charco” y que invitaba a Gülen a Turquía para acabar de una vez con “la larga añoranza” tenían una buena explicación para la opinión pública turca: “hemos sido engañados, ¡que Alá nos perdone!” No estaba claro si Alá les iba a perdonar o no, pero lo que sí que se sabía era que Erdoğan no iba a perdonar a los que fueron cómplices de esta traición, o sea muchos de los que han estado a su servicio a lo largo de más de 10 años de su gobierno. El golpe le dio una gran oportunidad, un pretexto excelente para extender una auténtica caza de brujas.

Las semillas de la purga post-golpe

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Fethullah Gülen, teólogo e intelectual turco exiliado en los EUA y actualmente acusado por Erdogan de estar detrás del intento de golpe de Estado [Diyar Se vía Flickr].

El post-golpe, como los demás golpes experimentados a lo largo de la historia negra de la democracia en Turquía, ha llevado el país a una sistemática purga con el pretexto de una amplia limpieza de los gülenistas de las instituciones y aparatos del Estado. El estado de emergencia declarado cinco días después del intento de golpe, bajo el artículo 120 de la Constitución turca, suponía una duración de tres meses, pero fue prolongado tres meses más en octubre de 2016 y otros tres meses más en enero de 2017. Según las autoridades, entre ellos el señalado Ministro de Justicia, las infiltraciones por parte de los terroristas de la organización FETÖ (acrónimo por la Organización Terrorista de Fetulá Gülen en turco) son tan profundas que requieren acciones extraordinarias para llevar a cabo una limpieza eficaz. Según el Primer Ministro Binali Yıldırım, el criterio era muy claro: los que se dieron cuenta de la maldad del bin Laden turco después de las Operaciones 17–25 de diciembre de 2013 –fechas correspondientes a las operaciones anticorrupción hacia figuras importantes dentro del AKP, el partido gobernante de Erdoğan– iban a ser perdonados. Y todos aquellos que mantenían cualquier tipo de relación con gülenistas después de eso, iban a pagar la cuenta.

Este simple hecho es un ejemplo del mermado estado de derecho turco, cuyo principio fundamental debería basarse en la separación de poderes. Sin embargo, el Primer Ministro, jefe del poder ejecutivo, decidía quién debería ser investigado y condenado asumiendo el papel de los tribunales, que supuestamente deberían ser entidades independientes en un Estado democrático.

No obstante, la limpieza ha empezado a superar no solamente los límites previstos sino también los de la imaginación: según el gobierno turco de Erdoğan, los gülenistas tenían una estricta relación con los kurdos del PKK, que son estrechos colaboradores de las fuerzas kurdas del YPG/YPJ en Siria, fuerzas que ahora luchan contra el autodenominado Estado Islámico. Teniendo en cuenta que la mayoría de los generales que dirigían en su momento las operaciones militares contra la guerrilla del PKK en el este y sudeste de Turquía han sido encarcelados por pertenecer a la organización terrorista de FETÖ, el supuesto vínculo y alianza que puede haber entre las dos organizaciones suena poco creíble. Sobre todo cuando el propio Erdoğan empezó a argumentar que existía una relación multipartidaria entre los gülenistas, el PKK y el autodenominado Estado Islámico. La broma iba más allá de los límites de un populismo absurdo.

Sin embargo, estos argumentos delirantes no buscaban convencer a la comunidad internacional de que las medidas antidemocráticas tomadas hubieran sido legítimas. Más bien intentaban influir en la opinión pública de ciertos sectores ultraderechistas en Turquía y, con el mismo pretexto, aplastar las voces críticas y todo tipo de oposición contra las políticas violentas adoptadas por el gobierno del AKP ante el referéndum para el cambio constitucional a través del cual Erdoğan busca conquistar todos los poderes del Estado. El líder turco no se acobardó tampoco en sus declaraciones y pidió volver a traer la pena de muerte para los que traicionaban a la patria en sus mítines, mientras hace tan sólo un año enviaba delegaciones tanto a la Isla de İmralı, donde el líder del PKK, Abdullah Öcalan (alias Apo) cumplía su pena de cárcel, como a la base principal del PKK en los montes Qandil para establecer una hoja de ruta hacia la paz.

La limpieza en marcha: intolerancia hacia el capital intelectual

La purga puesta en marcha ha sido y sigue siendo dramática: según el informe preparado por Zeynep Altıok  –vicepresidente responsable de los derechos humanos del principal partido de la oposición, el CHP (Partido Republicano del Pueblo)–, que se basa en los últimos datos oficiales, unas 40.000 personas ya han sido detenidas, mientras fuentes no oficiales afirman que la cifra ha superado las 50.000 personas. Unos 32.000 de estos detenidos han sido puestos en prisión, entre los cuales encontramos unos 6.000 soldados y 1.750 policías.

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Detención de funcionarios, profesores y académicos en las universidades turcas [Foto: Barish Tugrul].

Por otra parte, más de 108.000 funcionarios han sido suspendidos, de los cuales unos 60.000 han sido despedidos a través de los decretos extraordinarios legislados por el Consejo de Ministros. Entre los despedidos, las cifras que llaman más la atención han sido las del Ministerio de Educación Nacional, con más de 28.000 funcionarios despedidos y más de 60.000 maestros inhabilitados. Curiosamente, la mayoría de los y las maestras puestos en la calle han sido acusados de “pertenecer a organización terrorista” sin especificar a cuál se refieren. Lo que sí se sabe es que, curiosamente, todos los que han sufrido la purga pertenecían a la Unión de Trabajadores de Educación y Ciencia (Eğitim-Sen), un famoso sindicato que protesta ferozmente contra las políticas educativas reaccionarias del gobierno.

El último golpe ha caído sobre la academia en Turquía. Como se había visto en el golpe de Estado del 12 de septiembre de 1980, la tradición no ha cambiado: la voz crítica, una vez más, ha sido el blanco de la intolerancia golpista. Los decretos extraordinarios se han convertido en una herramienta del gobierno para echar a cientos de científicos a la calle. Una vez más, la explicación de las autoridades ha sido que el movimiento gülentista llevaba décadas invirtiendo en educación superior a través de las universidades públicas, pero sobre todo las privadas, que asumían el papel intelectual del movimiento Hizmet.

No obstante, como en los demás campos de batalla, la purga no iba a limitarse a los supuestos gülenistas y la excusa se ha vuelto poco creíble a la hora explicar la caza de brujas sistemática hacia el verdadero objetivo: los firmantes del manifiesto de paz titulado “No seremos parte de este crimen”, proclama que surgió ante la erupción de la guerra entre las fuerzas armadas turcas y la guerrilla kurda. La reacción inmediata del Estado fue encarcelar a los profesores firmantes, a quienes Erdoğan calificaba de terroristas pese a su profesión. Poco después, la administración de las propias universidades se unió a este juego, dando respaldo al presidente turco y señalando a los que pertenecen a la iniciativa “Académicos por la Paz”, declarándose que las universidades siempre serán fieles y estarán al servicio a la nación turca. Algunos rectores incluso han ido un paso más allá abriendo una investigación interna sobre cada firmante.

La situación de vulnerabilidad ha empezado a provocar cierta tensión y ansiedad entre los académicos antes de la publicación de cada decreto en el Boletín Oficial del Estado. Cada último decreto ha incluido los nombres de cientos de profesores y profesoras universitarias que habían dedicado toda su vida a la investigación y la enseñanza. El capital intelectual del país se ha puesto en la diana. El último decreto, el nº686, ha sido un duro golpe que ha causado un gran malestar en la sociedad, ya que ha acabado con la funcionalidad de algunas facultades de las universidades más prominentes del país mediante el despido de decenas de profesores. Ha sido una clara muestra de que el estado de emergencia que le otorgaba una autoridad absoluta al Consejo de Ministros, el mecanismo marioneta del Presidente Erdoğan, ha sido pensado para ir más allá de mantener el orden y la seguridad del país y tiene el objetivo de acabar con todas voces críticas antes del referéndum del 16 de abril de 2017. Un referéndum que no sólo trata de un cambio constitucional sino de un cambio de sistema, un cambio de régimen hacia un poder unipersonal que actuará con puño de hierro. De otro modo, es difícil de explicar la liquidación entera de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Ankara, İLEF, heredera tradicional de la escuela crítica de Frankfurt en el país, o la de Ciencias Políticas, Mülkiye, con su reputación histórica en las ciencias de la administración y de la diplomacia.

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Vehículo policial utilizado para tomar la Universidad de Ankara [Foto: Barish Tugrul].

No obstante, ésta no es la parte más oscura de estas operaciones de liquidación intelectual. Erdoğan no pretende sólo acabar con la brillante carrera de miles de intelectuales, sino también seguir castigándoles: las listas con los nombres de los que han sido despedidos han sido difundidas a todas las universidades privadas, escuelas donde los despedidos podrían seguir con su profesión. Yendo más allá y previendo posibles movimientos, las autoridades también han bloqueado a los que considerarían continuar con su carrera fuera del país y todos aquellos académicos despedidos de sus puestos no sólo han perdido su profesión y la posibilidad de caminar hacia al sector privado de la enseñanza sino también la opción de ir al extranjero, ya que sus pasaportes han sido anulados. Para algunos y para algunas Turquía se ha convertido en una auténtica cárcel al aire libre.

En la actualidad, ya se ha superado la cifra de 3.500 profesores que han perdido su trabajo junto con su pasaporte, y la única solución se encuentra en el surgimiento de redes de solidaridad. Los que mantienen su puesto organizan eventos para recaudar fondos o lanzan campañas de donación en las redes interuniversitarias. Sin embargo, los recursos son escasos y limitados mientras los nuevos decretos dan señales de más oleadas de despidos. A pesar de que no haya mucha esperanza en que la situación y las condiciones actuales mejoren a corto plazo, esto no ha amedrentado a los académicos: la injusticia, después de tanto tiempo, ha roto las celdas del silencio y los  profesores echados de las aulas han ocupado los espacios públicos para seguir ejerciendo su profesión en las academias de la calle.

Todo esto muestra una clara realidad: la estrategia pre-referéndum de Erdoğan se basa en aplastar a todos aquellos que puedan levantar la voz en contra su poder absoluto. Los diputados, incluso el Presidente Erdoğan y el Primer Ministro Yıldırım, ya han declarado en varias ocasiones que todos aquellos que hacen la campaña para el “No” al nuevo sistema político en cuestión son terroristas y golpistas como FETÖ, Daesh o el PKK.

Controlando directa e indirectamente la inmensa mayoría de los medios de comunicación, cerrando los demás, y encarcelando a cientos de periodistas bajo la acusación cliché de “enaltecimiento del terrorismo” las condiciones bajo el estado de emergencia bastan para cuestionar la legitimidad e incluso la legalidad de un referéndum democrático. La cuestión es ¿qué pasaría bajo la victoria de uno y otro resultado? Si gana el “Sí”, los que encarcelan a los periodistas y académicos gritarán en nombre de la democracia afirmando que el pueblo, es decir “su pueblo”, ha decidido que Erdoğan sea Presidente con poderes ejecutivos, legislativos e incluso jurídicos en la mano, y posiblemente será dueño eterno de su neo-sultanato. En otras palabras, el pueblo acabará con los trocitos de la democracia turca de forma democrática.

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Manifestación contra Erdogan, en el que se aprecia claramente como el presidente turco es acusado de dictador, año 2013 [Foto vía Flickr]

¿Y si gana el “No”? En tal caso, subiendo el volumen de su estrategia de opresión, Erdoğan convocará elecciones anticipadas y su único objetivo será que los dos partidos políticos de polos opuestos no superen el 10% de los votos generales y no tengan representación parlamentaria. Teniendo en cuenta que el propio sistema electoral favorece a los partidos mayoritarios, es decir al AKP de Erdoğan, el gobierno actual superaría fácilmente la mayoría absoluta en escaños y esta vez cambiaría la Constitución sin tener que recurrir a un segundo referéndum. Sabiendo que unos 12 diputados y diputadas del HDP están encarcelados, incluyendo el co-presidente Selahattin Demirtaş y la co-presidenta Figen Yüksekdağ, y la opresión total que sufre la organización del partido en todo el país, sería un sueño pensar que podrían hacer una campaña electoral libremente.

En otras palabras, tarde o temprano, una victoria tiránica de Erdoğan parece ser inevitable. Es evidente que el Presidente no puede permitir que haya otra posibilidad: el miedo a ser juzgado por sus crímenes le empuja en esa dirección. Dejando de lado los menos importantes, como los casos de corrupción, el líder turco tiene en su haber crímenes de guerra por haber enviado camiones llenos de armas pesadas a la oposición siria bajo la etiqueta de ayuda humanitaria, y crímenes contra la humanidad por ser el responsable principal de la destrucción de decenas de localidades kurdas y de la muerte de cientos de civiles en el Kurdistán turco. No obstante, además de enfrentarnos a una cuestión de mantenimiento del poder poniendo en marcha todos los mecanismos antidemocráticos que sean necesarios, se trata de una regresión de décadas en el capital intelectual del país, sobre todo si se entiende que el AKP no tiene ninguna generación preparada para reemplazar esta perdida. El movimiento de Gülen era el motor que proporcionaba a Erdoğan los cerebros cualificados para promover la burocracia del Estado, y careciendo de cerebros sólo le quedará el músculo que no servirá más que para llevar a cabo una opresión sin sentido, sin calcular las consecuencias profundas que eso pueda suponer.

Las políticas y la estrategia post-golpe han sido un ejemplo claro de esta grave realidad. Las medidas preventivas se han convertido en una contra-revolución que quiere acabar con un periodo, la primera república kemalista, y empezar otro, la segunda república erdoganista. Sin embargo, tal y como afirma Büchner, a través de Danton, “la revolución es como Saturno, que devora a sus propios hijos”. Esta anti-revolución también, tarde o temprano, acabará devorando a sus propios hijos.

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